El pasado 17 de enero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó, a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se
modifica la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, con el que se
garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los
daños ambientales.
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental, que transpuso la Directiva 2004/35/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, establece
en España un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental,
basado en los principios de “prevención” y de que “quien contamina,
paga”.
Este régimen prevé que los operadores que ocasionen este
tipo de daños o amenacen con causarlo deben adoptar las medidas
necesarias para prevenirlos o, en el caso de que ya se hayan producido,
devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se
encontraban.
El Proyecto de Ley, que cuenta con un único artículo
con doce apartados y tres disposiciones finales, modifica la citada
norma con el objetivo de reforzar su vertiente preventiva, así como de
simplificar y mejorar la aplicación del marco normativo.
En
concreto, refuerza los aspectos preventivos del marco normativo mediante
el fomento de los análisis de riesgos medioambientales como herramienta
de gestión del riesgo medioambiental y mejora y aclara distintos
aspectos relacionados con las garantías financieras (mecanismo que
permite hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la
actividad que se pretenda desarrollar).
Propone también reducir
las cargas administrativas a los operadores económicos y dotar de una
mayor eficacia a las administraciones mediante la simplificación del
procedimiento de constitución de la garantía financiera.
AMPLIACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL A LAS AGUAS
Como
novedad, el Proyecto de Ley amplía el concepto de daño ambiental a las
aguas para asegurar que la responsabilidad se aplique también a las
aguas marinas, según recoge la Directiva 2013/30/UE sobre la seguridad
de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.
La
experiencia adquirida durante los años de aplicación de la Ley 26/2007
ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar sus aspectos
preventivos, por lo que se considera oportuno impulsar el uso de los
análisis de riesgos medioambientales como una herramienta importante
para su gestión.
Con este objetivo, se establece que las
autoridades competentes adopten medidas para impulsar la realización
voluntaria de análisis de estos riesgos entre los operadores de
actividades que sean susceptibles de ocasionar daños medioambientales,
como una medida de minimización y gestión del riesgo.
Esta
normativa, que fue sometida el año pasado a participación pública a
través de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, ha sido también analizada con las Comunidades Autónomas
en la Comisión Sectorial y en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
y con el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el organismo asesor
del Gobierno en esta materia.
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